En los últimos días, Colombia ha vivido una escalada significativa de violencia vinculada al conflicto con grupos insurgentes, mientras las protestas contra el aumento de la presencia militar extranjera se han intensificado. Durante una “huelga armada” promovida por el ELN, dos policías murieron por una bomba y se registraron ataques adicionales en diferentes municipios. La situación ha aumentado las preocupaciones sobre la estabilidad interna y el futuro de las negociaciones con el gobierno, que están suspendidas tras repetidas rupturas de confianza entre las partes. 
Paralelamente, el gobierno de los Estados Unidos designó al grupo Clan del Golfo (AGC) como organización terrorista global, en una acción inédita que eleva aún más las tensiones diplomáticas con Bogotá. La decisión, anunciada el 16 de diciembre, amplía el esfuerzo estadounidense para presionar al narcotráfico y a los grupos armados, abriendo potencial para una mayor intervención y financiamiento de operaciones conjuntas. La medida también tiene repercusiones directas en la cooperación bilateral en seguridad.

Esta intensificación representa un momento crítico en las relaciones entre Estados Unidos y Colombia con impacto potencial en la política interna latinoamericana. La designación del AGC como terrorista no solo refuerza la postura dura del gobierno estadounidense en la lucha contra el narcotráfico, sino que también resuena con críticas que ven las acciones como una escalada de la militarización en la región. La respuesta política y social dentro de Colombia —y la postura que adoptará el gobierno local frente a estas presiones externas— seguirá siendo un punto de atención global.